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ACCESO DEL PERITO JUDICIAL A LEXNET RETRASADO HASTA ………



Asoper Asociación Profesional Colegial siglo XXI, vuelve a revindicar al Equipo Especialistas de LexNET del Ministerio de Justicia la inclusión de los Peritos Judiciales en el sistema de gestión de notificaciones telemáticas.

La respuesta a este nuevo correo recibido de Ministerio de Justicia, con fecha 12 Jul 2017.
Respuesta:
Muchas gracias por contactar con el Equipo Especialistas de LexNET del Ministerio de Justicia, en relación a este registro con número LEX-032938:
De momento no se ha implementado el acceso para peritos judiciales, está en desarrollo por el momento no tenemos una fecha.
Mientras se implementa LexNET Justicia y se establece el procedimiento que deberán de seguir para darse de alta, les aconsejamos que soliciten instrucciones a los órganos judiciales a fin de que ellos les informen acerca de cómo proceder a la hora de presentar escritos ante ellos.
Para los Peritos No Judiciales tienen la posibilidad de realizar sus comunicaciones a través de la Sede Judicial Electrónica.
Podrán mantenerse informados tanto a través de nuestra página web como a través de nuestra cuenta de Twitter (@lexnetjusticia).

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Los expertos creen que las reclamaciones de la plusvalía requerirán de una tasación pericial de la disminución del valor de la vivienda


Para muchos tribunales el precio reflejado en las escrituras de adquisición y venta no es prueba objetiva y suficiente del valor real del inmueble
El TC extiende a toda España la anulación del impuesto de la plusvalía.

El 100% de las reclamaciones judiciales de devolución por el impuesto de plusvalía necesitarán una tasación pericial de la disminución del valor, según los expertos que han participado en el curso La tasación pericial en las reclamaciones del Impuesto de Plusvalía organizado por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Madrid.

Estos expertos advierten de que para conseguir la devolución de lo pagado por la plusvalía será necesario aportar una tasación pericial acreditativa de la no revalorización de los terrenos y de la pérdida del valor del bien en el momento de la transmisión. El motivo es que para muchos tribunales el precio reflejado en las escrituras de adquisición y venta no es prueba objetiva y suficiente del valor real del terreno.

Francisco Sánchez, arquitecto, estima que en "todas las reclamaciones judiciales que se planteen para solicitar la devolución del importe de la plusvalía necesitarán un informe pericial que determine que se ha producido una pérdida económica entre la fecha de adquisición y la de venta".

En este sentido, Sánchez recuerda que desde 2009 a 2014 se produjo una disminución continuada en los precios de la vivienda, por lo que las operaciones de transmisión realizadas en ese lapso de tiempo serán susceptibles de plantear la devolución de la plusvalía. Lo habitual, explica, es que el valor catastral -parámetro que determina la base imponible- o bien se ha mantenido constante en el tiempo o ha subido por haberse realizado las revisiones correspondientes.

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que se conoció en mayo de este año 2017 y que anula ciertos puntos de la legislación estatal de Haciendas Locales referida al impuesto de plusvalía únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor, ha provocado que los particulares estén empezando a reclamar la devolución a los ayuntamientos.
En este sentido, el abogado José Merino precisa que "en la gran mayoría de las reclamaciones en que se solicite la devolución del impuesto de plusvalía será necesario un informe pericial porque los tribunales no están aceptando que sea prueba suficiente de la disminución del valor del terreno los importes reflejados en las escrituras de adquisición y transmisión. La tasación realizada por profesionales que habitualmente colaboran con los tribunales como peritos será clave para ir cerrando motivos de denegación a las entidades locales".

Fuente: elmundo.es/economia/vivienda

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Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita




El artículo 119 de la Constitución consagra que la Justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. En el marco de dicho mandato constitucional, la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, ha supuesto un paso importante en la protección de aquellos
ciudadanos más desfavorecidos que necesitan acceder a la tutela judicial para ver realizadas sus legítimas pretensiones o defendidos sus derechos.

Con el fin de garantizar la plena efectividad de este derecho, los profesionales vienen obligados a prestar asistencia en los términos previstos en la citada Ley 1/1996, de 10 de enero, con un importante compromiso vocacional en favor de una Justicia gratuita, de calidad y que permita el desarrollo pleno de la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

Con el propósito de incrementar las garantías que nuestro ordenamiento jurídico ofrece en materia de justicia gratuita, tanto para los ciudadanos como para los profesionales, la presente reforma pretende afianzar el carácter de servicio público de esta actividad prestacional, reforzandola y garantizando que esté debidamente subvencionada por los poderes públicos y reconociendo el abono de las correspondientes indemnizaciones a favor de los profesionales obligados a su prestación.

En consecuencia, se aprueba la presente Ley de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para el reforzamiento del sistema y de la garantía del acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia.

Artículo único Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita

Se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, en los siguientes términos:

Uno. El artículo 1 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 1 Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto determinar el contenido y alcance del derecho a la asistencia jurídica gratuita al que se refiere el artículo 119 de la Constitución y regular el procedimiento para su reconocimiento y efectividad.

El servicio de asistencia jurídica gratuita será obligatorio en los términos previstos en esta ley. Los Colegios profesionales podrán organizar el servicio y dispensar al colegiado cuando existan razones que lo justifiquen.

Las disposiciones de esta ley serán de aplicación general en todo tipo de procesos judiciales, incluidos los recursos de amparo constitucional, la vía administrativa previa cuando así se establezca en la legislación específica, así como el asesoramiento previo al proceso contemplado en el apartado 1 del artículo 6.»

Dos. El artículo 22 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 22 Gestión colegial de los servicios de asistencia letrada, de defensa y de representación gratuitas

Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España y sus respectivos Colegios regularán y organizarán, a través de sus Juntas de Gobierno, los servicios obligatorios de asistencia letrada y de defensa y representación gratuitas, garantizando, en todo caso, su prestación continuada y atendiendo a criterios de funcionalidad y de eficiencia.

Los profesionales que presten el servicio obligatorio de justicia gratuita, tendrán derecho a una compensación que tendrá carácter indemnizatorio.

Los Colegios de Abogados implantarán servicios de asesoramiento a los peticionarios de asistencia jurídica gratuita, con la finalidad de orientar y encauzar sus pretensiones. Dicho asesoramiento tendrá, en todo caso, carácter gratuito para los solicitantes.

Los Colegios de Abogados facilitarán a los solicitantes de asistencia jurídica gratuita la información necesaria en relación al cumplimiento de los requisitos para su concesión, así como el auxilio en la redacción de las solicitudes correspondientes.»

Tres. El artículo 23 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 23 Autonomía profesional y disciplina colegial

Los profesionales que presten el servicio obligatorio de justicia gratuita, a los que se refiere esta ley, desarrollarán su actividad con libertad e independencia de criterio, con sujeción a las normas deontológicas y a las normas que disciplinan el funcionamiento de los servicios colegiales de justicia gratuita.»

Cuatro. El artículo 25 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 25 Formación y especialización

El Ministerio de Justicia, de manera coordinada con las Comunidades Autónomas competentes, previo informe de los Consejos Generales de la Abogacía y de los Procuradores de los Tribunales de España, establecerá los requisitos generales mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios obligatorios de asistencia jurídica gratuita, con objeto de asegurar un nivel de calidad y de competencia profesional que garantice el derecho constitucional a la defensa. Dichos requisitos serán de obligado cumplimiento para todos los Colegios Profesionales.»

Cinco. El artículo 30 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 30 Indemnización por el servicio

La intervención de profesionales designados de oficio para la asistencia, defensa y representación gratuita sólo podrá ser indemnizada cuando exista reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita efectuado en los términos contemplados en esta ley.

El importe de la indemnización se aplicará fundamentalmente a compensar las actuaciones profesionales previstas en los apartados 1 a 3 del artículo 6 de esta ley, cuando tengan por destinatarios a quienes hayan obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.»

Seis. Se modifica el título del artículo 36 que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 36

Condena en costas».

Siete. El artículo 37 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 37 Subvención

Las Administraciones públicas competentes, asegurando el derecho a la asistencia jurídica gratuita al que se refiere el artículo 119 de la Constitución, subvencionarán con cargo a sus dotaciones presupuestarias la implantación, atención y funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los Colegios de Abogados y de Procuradores.»

Ocho. El artículo 40 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 40 Indemnización por baremo

En atención a la tipología de procedimientos en los que intervengan los profesionales designados de oficio, se establecerán, previo informe del Consejo General de la Abogacía Española y del Consejo General de los Colegios de los Procuradores de los Tribunales de España, las bases económicas y módulos de indemnización por la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita.»

Disposición final única Entrada en vigor
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», produciendo efectos desde el 1 de enero de 2017.

BOE a disposición :



Por qué es aconsejable aportar un informe pericial ante la venta a pérdidas



Gracias al pronunciamiento del TC sobre la norma estatal que regula la plusvalía municipal empiezan a despejarse las dudas de cómo proceder para reclamar este impuesto y cómo argumentar las pretensiones.
Si miramos hacia atrás nos podemos preguntar ¿Cuántas sentencias no han sido favorables al ciudadano por vender su vivienda con pérdidas?

Afeplus no quiere olvidar a aquellos contribuyentes que vendieron sus viviendas con pérdidas, acabaron en juicio y el juez no les dio la razón. Considera que probablemente con esta sentencia sobre la mesa las sentencias desestimadas hubieran tenido otras connotaciones y probablemente se le hubiera dado la razón a un contribuyente muy afectado por la mala regulación de este impuesto.

Cabe recordar casos como los siguientes:

- Compra de un inmueble en el año 2001 por 700.000 euros y venta en el año 2013 por 500.000 euros, sentencia desestimada porque según el juez el vendedor se precipitó al vender su vivienda.

- Compra de un inmueble en el año 2006 tasado por una empresa homologada por el Banco de España en 225.000 euros y venta en el año 2014 tasado por la misma empresa tasadora en el precio de 195.000 euros. No son criterios suficientes para el juez como para considerar que no ha existido incremento de valor.

Por ello, es aconsejable, en muchos casos, aportar un informe pericial, para tener las máximas garantías de éxito en las futuras reclamaciones, para no llevarse futuras decepciones y para acogerse a los criterios establecidos en la sentencia del pasado 11 de Mayo de 2017 del TC. 

Según la regulación aprobada por la norma foral de Guipúzcoa y que probablemente sea el criterio a seguir en la futura modificación de la norma estatal, en la relación entre el valor catastral del inmueble y el valor de mercado, entendiendo por éste el reflejado en la escritura de compraventa del inmueble, está la clave para poder acogerse aquellos supuestos donde el incremento de valor sea mínimo o incluso haya sido superior, ya que lo que regula el impuesto es el incremento de valor del suelo.  

Al igual que argumentaba el abogado del Estado, según se puede leer en la sentencia del Tribunal Constitucional (donde señala que puede existir minusvalía con la venta del inmueble, pero incremento del valor del suelo), se puede dar la situación contraria, es decir, que exista incremento de valor con la transmisión del inmueble, pero no exista un incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

Para despejar estas incógnitas valoramos estos datos y valores para poder ofrecer a los afectados las mayores garantías de éxito. Por ello, apostamos por valorar y estudiar detenidamente la relación del valor catastral y el valor de mercado, sin olvidar que en muchas ocasiones juega un papel importante en este estudio la discrepancia que existe entre ambos valores.



Artículo escrito por Carlos Rivero, abogado fundador de Afeplus
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